“Las numerosas quejas recibidas sobre la falta de contestación de la Administración a los escritos y solicitudes que los ciudadanos les dirigen, obliga al Diputado del Común a continuar destacando la necesidad de que la Administración Pública actúe con sujeción al principio de eficacia funcional, burocrática y legislativa. O lo que es lo mismo: observando una mayor simplificación y claridad en los textos legales.

El Diputado del Común señala en su Informe Anual que: “La Administración Pública debe tener una dimensión finalista que comprenda la eficacia, la operatividad y la existencia de unos buenos resultados. La constatación de esta necesidad ha planteado la necesidad, a nivel global, de desarrollar diferentes estudios sobre la reforma administrativa.”

A renglón seguido se concluye que: “Bajo estos principios se han analizado las quejas recibidas, relativas a la falta de respuesta de la Administración a escritos y solicitudes que realizan los ciudadanos, y por las que hemos detectado la vulneración del deber de dar resolución expresa a los expedientes que se inician a instancia de parte: el silencio ante una cuestión planteada por el ciudadano. Dicha vulneración no sólo esta presente en los Ayuntamientos canarios, sino también en dependencias pertenecientes a las diversas Consejerías de la Administración autonómica y, lo que es peor, también se han detectado problemas de este tipo –retrasos e inactividad- en las propias Oficinas de Información al Consumidor de los Ayuntamientos y de Cabildos Insulares.”

El Diputado del Común advierte en última instancia: “Lamentablemente, en determinadas Administraciones Públicas, sobre todo locales, resulta reiterado y continuo el incumplimiento de los deberes formales que les impone la legislación sobre el Procedimiento Administrativo.”

En relación a la vulneración del Derecho de Acceso a la Información por parte del ciudadano, el Diputado del Común, recalcó en su Informe Anual: “Del análisis de las quejas recibidas, sigue evidenciándose que el Derecho de Acceso a la Información aparece como uno de los grandes problemas que tienen las Corporaciones Locales en su relación con los ciudadanos. Creemos –adelanta el Informe- que el problema radica en la heterogeneidad de los criterios de interpretación que en cada caso hacen los técnicos municipales del alcance y contenido de este derecho a la información, hace que, en ocasiones, lo que para una Corporación local resulta de obligado cumplimiento –derecho a la información- , para otra Corporación se convierta en una aplicación restrictiva del mismo derecho, imposibilitando al ciudadano su ejercicio.” SB Noticias - Revista Digital San Borondón.

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El Diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.

“(…) En el caso español, el problema no es que tengamos una legislación deficiente o exigua. Simplemente es que no existe. Imposible saber en España qué informes elaboró el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario antes de fichar, precisamente, por la patronal de la construcción. Es una pena, porque la publicidad, rutinaria y continuada, de esos informes hubiera ayudado a despejar ahora cualquier tipo de duda sobre la calidad o intención de su asesoramiento. No es lo mismo que el presidente del Gobierno estuviera escuchando a un colaborador independiente, que a alguien que compartía ya tanto el punto de vista de las empresas del sector que, de un día para otro, consideró conveniente dar un empujón a la puerta y pasar al otro lado.

Exigir transparencia en las distintas administraciones (autonómicas y locales incluidas) no es una manía de periodistas y profesores obsesos, sino una garantía de los ciudadanos contra, entre otras cosas, el excesivo juego de las puertas que giran (un sistema simple y eficaz de recordar lo fácil que es romperse los dedos), y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, incluida la Administración pública y los Gobiernos democráticos. No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?

Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana. (…)” Soledad Gallego - El País.es - 4 de Mayo de 2005

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“Los periodistas británicos saben, hasta el último penique, lo que le cuesta al erario público el uso de los coches oficiales, la compensación pagada a los sospechosos del IRA o la ubicación de las cámaras que registran la velocidad de los coches. En España, conocer las listas de espera en los hospitales es una tarea titánica y el sueldo del presentador del telediario de una televisión pública está considerado alto secreto. La diferencia entre el Reino Unido y España es una ley que regula el derecho de acceso a la información.

Junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, España forma parte del reducido grupo de países europeos que carecen de una normativa que abra la puerta a los documentos oficiales. En la UE, 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a facilitar información a cualquier ciudadano (incluso si es periodista).

En España prima la cultura del secretismo, el cerrojazo a los datos oficiales y el apagón informativo. “Existe la arraigada tradición en los poderes públicos de que la información es suya. Y no es suya, es de los ciudadanos. Como el dinero que manejan, que es también de los ciudadanos”, comenta Diego López Garrido, ex portavoz parlamentario socialista y uno de los políticos que con más énfasis defiende la necesidad de promulgar una ley que regule el libre acceso a la información. Convencido de que será “revolucionaria”, resume su esencia: “Las autoridades públicas tienen que tener a disposición de los ciudadanos, y especialmente de los medios de comunicación, toda la información que esté en su poder”. (…)” Rosario G. Gómez - El País.com

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El día 21 de Abril de 2008 Transparencia Internacional, miembro de la Coalición Pro Acceso, presentó el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos. Es una herramienta para medir la transparencia de los Ayuntamientos frente a sus ciudadanos y ahonda en uno de los aspectos esenciales del derecho de acceso a la información pública: lo que se ha venido a llamar la “publicidad o publicación proactiva” que consiste en la obligación de los poderes públicos de que publiquen, a iniciativa propia, información esencial para los ciudadanos no solamente sobre derechos, deberes y servicios sino también sobre su propia actuación y toma de decisiones, sin que sea necesario que el ciudadano la solicite.

El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos se centra en cinco grupos relevantes de información: a) Información sobre la Corporación municipal; b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; c) Transparencia económico-financiera; d) Transparencia en las contrataciones de servicios; e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. Esta información debe encontrarse en las webs de las distintas corporaciones locales para que los ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones y con conocimiento de causa sobre temas de especial relevancia en la vida de nuestros municipios.

Para ver más información sobre el Índice y el proceso de análisis y evaluación que se llevará a cabo, pincha aquí.

Uno de los miembros de la Coalición Pro Acceso, Access Info Europe, ha elaborado un cuadro con las propuestas de aquellos partidos políticos que recogen en sus Programas Electorales la aprobación de una ley de acceso a la información. Para verlo, pincha en Comparativa AI en Programas Electorales.

Por Natalia Fernández de la Asociación de Archiveros de Castilla y León

El acceso a la información pública constituye uno de los pilares de una Administración transparente, eficaz y moderna.

Frente al resto de países de su ámbito, España carece de una ley que regule el acceso a la información pública. En el panorama español pueden encontrarse varias leyes que aluden en su articulado al acceso a la información, pero ninguna que se dedique en exclusiva a ello. La normativa vigente establece derechos y límites, pero lo hace de forma dispersa y confusa, creando confusión tanto en el ciudadano, que no conoce sus derechos, como en el funcionario que custodia los documentos, que no tienen claros sus deberes.

El artículo 105b de la Constitución, declara que la ley regulará el acceso a los ciudadanos a los archivos y registros, y establece como límites la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1979 interpretó dicho precepto como de “carácter programático”, precisando para su plena aplicación una ley de desarrollo, que aún no ha llegado.

La ley de acceso a la información pública habrá de resolver la consulta de los documentos de la Administración atendiendo a varios puntos de vista. Por una parte, el del ciudadano que pretende acceder a la información pública, a la vez que confía en la protección de sus datos personales. Por otra, el del funcionario obligado a proteger los documentos de la Administración, a guardar sigilo y a decidir sobre la accesibilidad.

Para leer el resto del artículo pincha a continuación: Acceso a la información y archivos

“”Las declaraciones juradas sobre los bienes o los conflictos de interés de los políticos se publican en otros países, pero en España todavía no”. España es uno de los cinco países europeos, con Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, que aún no tienen una legislación sobre acceso a la información pública. Según la consultora de la Unesco [Helen Darbishire] es más fácil recabar datos de los organismos públicos en Méjico que aquí y es un “derecho básico para luchar contra la corrupción.”"

Extracto de la entrevista aparecida en la Revista Consejero en Febrero de 2008, realizada por la periodista Julia Pastor a Helen Darbishire de Access Info Europe, organización miembro de la Coalición Pro Acceso. Para leer el artículo pincha en sus diferentes páginas a continuación:

“España carece de una Ley de Acceso a la Información Pública que obligue a las Administraciones a ser más transparentes. Es ya una anomalía en Europa. El ciudadano español que desee conocer los presupuestos y salarios de una Consejería o el listado de empresas multadas por el Ministerio de Medio Ambiente tiene muchas posibilidades de recibir la callada por respuesta. Y eso, después de insistir, ser derivado de una Administración a otra y batallar contra la resistencia de una cohorte de férreos funcionarios. En el Reino Unido, en cambio, basta un par de clics para acceder, por ejemplo, a un listado de los avistamientos de ovnis de los últimos años, el dinero invertido por el Departamento de Transportes en tarjetas de felicitaciones navideñas e incluso el coste de los vuelos de repatriación para inmigrantes irregulares. Un “paraíso informativo” difícil de creer cuando se escribe desde un país en el que descubrir cuánto percibe el directivo de una empresa pública, que cubra el dinero de todos pero cuyo sueldo no aparece reflejado en ningún presupuesto, o cuánto gastarán los partidos en distintas empresas durante la campaña electoral se convierte casi en una misión imposible (…)”

El párrafo anterior es un extracto del reportaje aparecido en el último número de la Revista La Clave (Febrero 2008), realizado por Nazareth Castro, en el que se entrevista a Helen Darbishire y Eva Moraga, ambas de Access Info Europe, asociación miembro de la Coalición Pro Acceso. Para ver más detalles de las entrevistas, pincha en las distintas páginas a continuación:

Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe, uno de los miembros de la Coalición Pro Acceso, denuncia la cultura de “secretismo” vigente en la Administración y solicita que España adopte una ley de acceso a la información. A continuación puedes leer la entrevista que apareció publicada el día 20 de Febrero de 2008 en el ABC en el que el periodista Borja Bergareche le entrevista y habla sobre la situación actual del acceso a la información pública en España. Entrevista ABC 20/02/2008

ONG’s reclaman a los partidos que se comprometan por los derechos humanos, el medio ambiente y contra la pobreza

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y Greenpeace presentaron hoy en Madrid un “decálogo” con las propuestas que, en su opinión, deberían centrar los programas electorales de los partidos políticos y la agenda política de 2008.

Entre las diez peticiones se incluyen compromisos contra el cambio climático, iniciativas “reales” de lucha contra la pobreza y una reforma “radical” de la política migratoria para que “respete los derechos humanos”. (…)

La herramienta de las ONG para regular el cumplimiento de estos compromisos, si se alcanzan, y de la actividad del Gobierno en general, será una Ley de Acceso a la Información Pública, iniciativa que demandan para garantizar el acceso libre de todos los ciudadanos a información pública real y poder “monitorear” la actividad de los responsables políticos. “Eso es transparencia”, concluyó Arpa. Ver el artículo entero aquí