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25 September 2009, Comunicado de Prensa
La Coalición Pro Acceso exige un debate abierto y participativo
sobre la nueva ley de acceso a la información pública en España
El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber: La Coalición lanza una campaña de apoyo al derecho de acceso a la información pública en España
La Coalición Pro Acceso ha felicitado el Presidente Zapatero, en una carta enviada ayer, por sus recientes manifestaciones que desvelan que el Gobierno español está trabajando en la preparación de una Ley de acceso a la información pública y han exigido un proceso transparente y participativo en el desarrollo de la ley para asegurar la incorporación en la misma de los Nueve Principios sobre el derecho desarrollados hace tres años por la Coalición. Estos principios han sido definidos a partir del estudio del Derecho comparado y de la práctica en otros países.
En su carta al presidente del Gobierno, la Coalición subraya la urgencia de aprobar una ley sobre un derecho que ya se reconoce en las leyes nacionales de más de 80 países, entre ellos en 24 países de la Unión Europea, pero no en España. Se puede leer la carta aqui.
“Esta ley es una aspiración social que ya figuraba en los programas electorales del PSOE del año 2004 y del 2008. Es una norma básica en cualquier democracia; y, por lo tanto, es imprescindible que su desarrollo se realice de manera abierta y en consulta con los expertos de la sociedad civil,” comentó Helen Darbishire, directora de Access Info y uno de los fundadores de la Coalición Pro Acceso.
Actividades de la Coalición para el día del Derecho a Saber:
- Lanzamiento de solicitudes al Gobierno
- Campaña de apoyo a los Nueve Principios de la Coalición Pro Acceso
Para apoyar a y participar en la Coalición, visita: www.proacceso.org
Para mayor información sobre el Día de Derecho a Saber ver: www.foiadvocates.net
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La situación no mejora.
A falta de ley y de voluntad en las instituciones
los ciudadanos siguen sin recibir la información que necesitan
El día 1 de octubre ACCESS INFO EUROPE publica un nuevo informe sobre los resultados del seguimiento de cuarenta solicitudes realizadas a más de veinte instituciones en España en el último año. El 78% no recibió la información solicitada.
El informe “Cuando lo público no es público” desvela las respuestas insólitas e inadmisibles que la Administración da a las solicitudes de información que los ciudadanos le presentan. En este estudio se analizan también las carencias de la normativa española actual y las prácticas restrictivas de la Administración que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.
Ministerios que se callan cuando se les pregunta si se ha adaptado a derecho español el Convenio para la lucha contra la corrupción (Ministerio de Justicia); o que se niegan a dar información sobre el número de inmuebles de su propiedad vendidos en el 2007 (Ministerio de Defensa). Funcionarios que preguntan “pero ¿esa información se puede dar a personas normales?” cuando se les pide información sobre las reuniones de la Ministra con grupos externos de interés (Ministerio de Fomento); o que cuando se les pregunta sobre el número de días que el Presidente del Gobierno estuvo fuera del país el año pasado dicen por teléfono “presente su escrito pero esa información no se le va a dar” (Ministerio de la Presidencia). Ayuntamientos que rehúsan escritos al Alcalde y los devuelven sin abrir aunque contengan un recurso (Ayuntamiento de Madrid). Todas éstas son algunas de las turbadoras respuestas que la Administración da para denegar la información.
Eva Moraga, autora del informe, comenta: “la mayoría de las razones dadas por las instituciones para no facilitar los datos no están en consonancia con los principios internacionales del derecho de acceso a la información pública y con la práctica de otros países de la Unión Europea.”
“La ausencia de una ley específica de acceso a la información pública facilita este tipo de comportamiento por parte de la Administración” añade Moraga.
Argumentos paternalistas se entremezclan con el silencio absoluto o con respuestas con motivaciones sorprendentes ancladas en los obstáculos de nuestra normativa actual y en la tradición oscurantista de la Administración. Access Info Europe hace un llamamiento al Gobierno para que cumpla su compromiso electoral de aprobar una ley que acabe con este tipo de situaciones y reconozca plenamente el derecho de toda persona a acceder en condiciones de igualdad a toda información en poder de las instituciones públicas.
Para más información: www.access-info.org
Access Info Europe es miembro de la Coalición Pro Acceso.
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El día 28 de Septiembre de cada año se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Derecho a Saber. Sin embargo, España, sus políticos y sus ciudadanos siguen todavía ajenos a lo que significa este derecho. España es el único país, junto con Grecia, de más de un millón de habitantes de la Unión Europea que no tiene una ley de acceso a la información pública.
La participación ciudadana es la base de toda democracia. Sin embargo, una verdadera participación sólo es posible si los ciudadanos tienen acceso, en igualdad de condiciones y de una manera ágil y sencilla, a la información que obra en manos de las administraciones públicas. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones dentro de la Administración, qué criterios se siguen y cómo se aplican. Tienen derecho a conocer cómo se gestionan el dinero público y qué uso se le da a sus impuestos.
Deben crearse procedimientos fáciles y simples que faciliten al ciudadano acceder a esa información. Mientras que en otros países es suficiente con coger el teléfono, dar tu nombre y solicitar información, por ejemplo, sobre todos los contratos firmados por una administración en concreto en un año y la recibes en el plazo de quince días sin que tengas que explicar por qué solicitas la información o qué uso le vas a dar a la misma, en España todavía resulta un calvario poder acceder a la información que se encuentra en manos de la Administración y se sigue exigiendo que exista un interés directo para solicitarla.
La información que se encuentra en manos de la Administración no es propiedad de los funcionarios ni de los altos cargos sino de todos los ciudadanos. La Administración no sólo debe estar al servicio de los ciudadanos sino que debe estar abierta a los mismos y ser completamente transparente en su actuación. Éste es el verdadero significado del Derecho a Saber.
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El próximo día 28 de Septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Derecho a Saber para dar a conocer el derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir información del gobierno y otras entidades públicas, independientemente del uso que se le vaya a dar a esa información.
Los ciudadanos tienen el derecho a saber cómo se toman las decisiones dentro de cualquier administración pública y a conocer cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.
Se organizarán en todo el mundo actividades de todo tipo que contribuyan a un mayor conocimiento y desarrollo de este derecho en el mundo.
Para más información sobre estas actividades, pincha aquí
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