El día 28 de Septiembre de cada año se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Derecho a Saber. Sin embargo, España, sus políticos y sus ciudadanos siguen todavía ajenos a lo que significa este derecho. España es el único país, junto con Grecia, de más de un millón de habitantes de la Unión Europea que no tiene una ley de acceso a la información pública.
La participación ciudadana es la base de toda democracia. Sin embargo, una verdadera participación sólo es posible si los ciudadanos tienen acceso, en igualdad de condiciones y de una manera ágil y sencilla, a la información que obra en manos de las administraciones públicas. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones dentro de la Administración, qué criterios se siguen y cómo se aplican. Tienen derecho a conocer cómo se gestionan el dinero público y qué uso se le da a sus impuestos.
Deben crearse procedimientos fáciles y simples que faciliten al ciudadano acceder a esa información. Mientras que en otros países es suficiente con coger el teléfono, dar tu nombre y solicitar información, por ejemplo, sobre todos los contratos firmados por una administración en concreto en un año y la recibes en el plazo de quince días sin que tengas que explicar por qué solicitas la información o qué uso le vas a dar a la misma, en España todavía resulta un calvario poder acceder a la información que se encuentra en manos de la Administración y se sigue exigiendo que exista un interés directo para solicitarla.
La información que se encuentra en manos de la Administración no es propiedad de los funcionarios ni de los altos cargos sino de todos los ciudadanos. La Administración no sólo debe estar al servicio de los ciudadanos sino que debe estar abierta a los mismos y ser completamente transparente en su actuación. Éste es el verdadero significado del Derecho a Saber.
