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25 September 2009, Comunicado de Prensa
La Coalición Pro Acceso exige un debate abierto y participativo
sobre la nueva ley de acceso a la información pública en España
El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber: La Coalición lanza una campaña de apoyo al derecho de acceso a la información pública en España
La Coalición Pro Acceso ha felicitado el Presidente Zapatero, en una carta enviada ayer, por sus recientes manifestaciones que desvelan que el Gobierno español está trabajando en la preparación de una Ley de acceso a la información pública y han exigido un proceso transparente y participativo en el desarrollo de la ley para asegurar la incorporación en la misma de los Nueve Principios sobre el derecho desarrollados hace tres años por la Coalición. Estos principios han sido definidos a partir del estudio del Derecho comparado y de la práctica en otros países.
En su carta al presidente del Gobierno, la Coalición subraya la urgencia de aprobar una ley sobre un derecho que ya se reconoce en las leyes nacionales de más de 80 países, entre ellos en 24 países de la Unión Europea, pero no en España. Se puede leer la carta aqui.
“Esta ley es una aspiración social que ya figuraba en los programas electorales del PSOE del año 2004 y del 2008. Es una norma básica en cualquier democracia; y, por lo tanto, es imprescindible que su desarrollo se realice de manera abierta y en consulta con los expertos de la sociedad civil,” comentó Helen Darbishire, directora de Access Info y uno de los fundadores de la Coalición Pro Acceso.
Actividades de la Coalición para el día del Derecho a Saber:
- Lanzamiento de solicitudes al Gobierno
- Campaña de apoyo a los Nueve Principios de la Coalición Pro Acceso
Para apoyar a y participar en la Coalición, visita: www.proacceso.org
Para mayor información sobre el Día de Derecho a Saber ver: www.foiadvocates.net
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“El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se
comprometió ayer a poner en marcha una nueva ley «que garantice el
mayor acceso posible a la información pública en España» en esta
legislatura. El jefe del Gobierno efectuó el anuncio durante su
intervención en la ceremonia de clausura de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), que concluyó ayer en Madrid su 64ª Asamblea General. (…)
Más de 85 países han adoptado ya este tipo de
legislación, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos de
solicitar archivos y datos en manos de las Administraciones Públicas, y
regula la obligación de los poderes públicos de responder a las
solicitudes. Un reciente informe de la organización Access Info Europe
constata que, en la mayoría de los casos en España, el ciudadano
peticionario recibe el «silencio administrativo» como respuesta. Ayer,
este grupo emitió un comunicado en el que recuerda que «el proceso de
elaboración de la ley debería ser transparente y participativo».
Las leyes de acceso, inspiradas en la Freedom of
Information Act (FOIA) de Estados Unidos, han servido para que
periodistas, historiadores y ciudadanos en general obliguen a los
Gobiernos a desvelar, por ejemplo, las fotografías de féretros de
soldados caídos en Irak de regreso a casa (en el caso de EE.UU.), o las
identidades de los verdaderos beneficiarios de los fondos agrícolas de
la Unión Europea, con resultados sorprendentes.
España no figura entre los 22 de 27 Estados miembros de
la UE que tienen ya una ley de acceso, a pesar de que el programa
electoral del PSOE en las generales de 2004 y 2008 incluía el
compromiso de adoptar una legislación específica al respecto. En
Estrasburgo, el Consejo de Europa aprobó en la primavera un borrador de
la primera Convención Europea sobre Acceso a los Documentos Públicos,
un tratado internacional que -de ser aprobado- podría obligar a España
a adecuar su ordenamiento jurídico, según los analistas.(…)” www.abc.es
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“Ángel Expósito, director de ABC, se mostró pesimista sobre la posibilidad de que España se sume a los países -«El pionero fue Suecia… ¡en 1776!», recordó- que disponen de este tipo de legislación. «El problema no es que no se pueda solicitar una información, sino que -cada vez más- ni siquiera es posible que los periodistas formulen preguntas en las ruedas de prensa», se quejó. Los programas electorales del PSOE en las legislativas de 2004 y 2008 incluían el compromiso de adoptar una ley de acceso, una propuesta nunca desarrollada. «La responsabilidad no es sólo de los políticos; tenemos una sociedad alejada del debate cívico y unos medios de comunicación que no se involucran, con lo que no se genera la demanda necesaria». Los diarios ABC y «El País» han presentado una resolución, que se votará mañana en la asamblea de la SIP, en la que solicitan a las autoridades españolas la inmediata puesta en marcha de una Ley de Libre Acceso a la Información en nuestro país.(…)”
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La situación no mejora.
A falta de ley y de voluntad en las instituciones
los ciudadanos siguen sin recibir la información que necesitan
El día 1 de octubre ACCESS INFO EUROPE publica un nuevo informe sobre los resultados del seguimiento de cuarenta solicitudes realizadas a más de veinte instituciones en España en el último año. El 78% no recibió la información solicitada.
El informe “Cuando lo público no es público” desvela las respuestas insólitas e inadmisibles que la Administración da a las solicitudes de información que los ciudadanos le presentan. En este estudio se analizan también las carencias de la normativa española actual y las prácticas restrictivas de la Administración que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.
Ministerios que se callan cuando se les pregunta si se ha adaptado a derecho español el Convenio para la lucha contra la corrupción (Ministerio de Justicia); o que se niegan a dar información sobre el número de inmuebles de su propiedad vendidos en el 2007 (Ministerio de Defensa). Funcionarios que preguntan “pero ¿esa información se puede dar a personas normales?” cuando se les pide información sobre las reuniones de la Ministra con grupos externos de interés (Ministerio de Fomento); o que cuando se les pregunta sobre el número de días que el Presidente del Gobierno estuvo fuera del país el año pasado dicen por teléfono “presente su escrito pero esa información no se le va a dar” (Ministerio de la Presidencia). Ayuntamientos que rehúsan escritos al Alcalde y los devuelven sin abrir aunque contengan un recurso (Ayuntamiento de Madrid). Todas éstas son algunas de las turbadoras respuestas que la Administración da para denegar la información.
Eva Moraga, autora del informe, comenta: “la mayoría de las razones dadas por las instituciones para no facilitar los datos no están en consonancia con los principios internacionales del derecho de acceso a la información pública y con la práctica de otros países de la Unión Europea.”
“La ausencia de una ley específica de acceso a la información pública facilita este tipo de comportamiento por parte de la Administración” añade Moraga.
Argumentos paternalistas se entremezclan con el silencio absoluto o con respuestas con motivaciones sorprendentes ancladas en los obstáculos de nuestra normativa actual y en la tradición oscurantista de la Administración. Access Info Europe hace un llamamiento al Gobierno para que cumpla su compromiso electoral de aprobar una ley que acabe con este tipo de situaciones y reconozca plenamente el derecho de toda persona a acceder en condiciones de igualdad a toda información en poder de las instituciones públicas.
Para más información: www.access-info.org
Access Info Europe es miembro de la Coalición Pro Acceso.
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El Ministerio de Cultura se niega a dar información:
LAS MEMORIAS DE LA SGAE “NO FORMAN PARTE DE UN EXPEDIENTE”
Madrid, 22 de Septiembre de 2008.- El Ministerio de Cultura se niega a facilitar los informes anuales de la Sociedad General de Autores a un ciudadano que buscaba información sobre cómo emplea la SGAE el dinero que recibe del canon.
En defensa de los intereses de este ciudadano y de la sociedad en general a conocer esta información, Access Info Europe, organización dedicada a promover la transparencia de la Administración, ha presentado hoy un recurso ante los tribunales contra el rechazo formal del Ministerio de Cultura a entregar la documentación que se le pedía.
El Ministerio se niega a darle las memorias del año 2006 de la SGAE y VEGAP, entidad de gestión de los artistas visuales, porque “no forman parte de un expediente administrativo”, pero no aclara si éstas se encuentran en su poder o no.
“Dado que estas entidades están obligadas a emplear una parte del canon en actividades dirigidas a toda la comunidad de artistas y no solamente a sus socios, la sociedad tiene derecho a saber cómo se está empleando este dinero y si de verdad está sirviendo para ayudar a todos los artistas con independencia de su vinculación a estas entidades o no” comenta Eva Moraga, Abogada de Access Info Europe.
“El Ministerio se escuda detrás de las carencias de la normativa actual que regula el derecho de acceso a la información para denegar una información de claro interés público” concluyó Eva Moraga.
Access Info Europe se encarga de la asesoría jurídica y defensa de este caso así como de otros de los que está haciendo un seguimiento y de los que presentará un informe la semana próxima con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber el próximo 28 de Septiembre.
Esta organización es miembro de la Coalición Pro Acceso formada por 22 organizaciones de las sociedad civil que defiende la aprobación de una Ley específica de Acceso a la Información Pública en España para que situaciones como ésta no vuelvan a repetirse.
El veinte por ciento de lo que reciben las entidades de gestión en concepto de canon debe dedicarse a partes iguales a actividades o servicios de carácter asistencial para sus socios y a actividades de formación y promoción de todos los autores y artistas en general. Las entidades de gestión deben informar cada año al Ministerio sobre las actividades y servicios prestados, las cantidades dedicadas a los mismos y los beneficiarios.
En la actualidad sólo 4 países de los 27 de la Unión Europea no tienen una ley de acceso.
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El día 22 de Julio de 2008 se emitió un reportaje en Radio Nacional sobre la ley de acceso a la información y la postura de los partidos políticos que se comprometieron en sus programas electorales a reconocer de forma plena este derecho a saber (PSOE, CiU, IU, Ciudadanos). También se entrevista al Partido Popular que aunque no lo contemplaba en su programa tiene como uno de sus principales objetivos la modernización de la Administración.
En otros países las leyes de acceso a la información se han mostrado como un verdadero acicate para mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, por lo que se consideran un verdadero instrumento de modernización de los procesos administrativos al tenerse que pensar desde el punto de vista de la transparencia.
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“Las numerosas quejas recibidas sobre la falta de contestación de la Administración a los escritos y solicitudes que los ciudadanos les dirigen, obliga al Diputado del Común a continuar destacando la necesidad de que la Administración Pública actúe con sujeción al principio de eficacia funcional, burocrática y legislativa. O lo que es lo mismo: observando una mayor simplificación y claridad en los textos legales.
El Diputado del Común señala en su Informe Anual que: “La Administración Pública debe tener una dimensión finalista que comprenda la eficacia, la operatividad y la existencia de unos buenos resultados. La constatación de esta necesidad ha planteado la necesidad, a nivel global, de desarrollar diferentes estudios sobre la reforma administrativa.”
A renglón seguido se concluye que: “Bajo estos principios se han analizado las quejas recibidas, relativas a la falta de respuesta de la Administración a escritos y solicitudes que realizan los ciudadanos, y por las que hemos detectado la vulneración del deber de dar resolución expresa a los expedientes que se inician a instancia de parte: el silencio ante una cuestión planteada por el ciudadano. Dicha vulneración no sólo esta presente en los Ayuntamientos canarios, sino también en dependencias pertenecientes a las diversas Consejerías de la Administración autonómica y, lo que es peor, también se han detectado problemas de este tipo –retrasos e inactividad- en las propias Oficinas de Información al Consumidor de los Ayuntamientos y de Cabildos Insulares.”
El Diputado del Común advierte en última instancia: “Lamentablemente, en determinadas Administraciones Públicas, sobre todo locales, resulta reiterado y continuo el incumplimiento de los deberes formales que les impone la legislación sobre el Procedimiento Administrativo.”
En relación a la vulneración del Derecho de Acceso a la Información por parte del ciudadano, el Diputado del Común, recalcó en su Informe Anual: “Del análisis de las quejas recibidas, sigue evidenciándose que el Derecho de Acceso a la Información aparece como uno de los grandes problemas que tienen las Corporaciones Locales en su relación con los ciudadanos. Creemos –adelanta el Informe- que el problema radica en la heterogeneidad de los criterios de interpretación que en cada caso hacen los técnicos municipales del alcance y contenido de este derecho a la información, hace que, en ocasiones, lo que para una Corporación local resulta de obligado cumplimiento –derecho a la información- , para otra Corporación se convierta en una aplicación restrictiva del mismo derecho, imposibilitando al ciudadano su ejercicio.” SB Noticias – Revista Digital San Borondón.
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El Diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.
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“(…) En el caso español, el problema no es que tengamos una legislación deficiente o exigua. Simplemente es que no existe. Imposible saber en España qué informes elaboró el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario antes de fichar, precisamente, por la patronal de la construcción. Es una pena, porque la publicidad, rutinaria y continuada, de esos informes hubiera ayudado a despejar ahora cualquier tipo de duda sobre la calidad o intención de su asesoramiento. No es lo mismo que el presidente del Gobierno estuviera escuchando a un colaborador independiente, que a alguien que compartía ya tanto el punto de vista de las empresas del sector que, de un día para otro, consideró conveniente dar un empujón a la puerta y pasar al otro lado.
Exigir transparencia en las distintas administraciones (autonómicas y locales incluidas) no es una manía de periodistas y profesores obsesos, sino una garantía de los ciudadanos contra, entre otras cosas, el excesivo juego de las puertas que giran (un sistema simple y eficaz de recordar lo fácil que es romperse los dedos), y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, incluida la Administración pública y los Gobiernos democráticos. No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?
Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana. (…)” Soledad Gallego – El País.es – 4 de Mayo de 2005
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“Los periodistas británicos saben, hasta el último penique, lo que le cuesta al erario público el uso de los coches oficiales, la compensación pagada a los sospechosos del IRA o la ubicación de las cámaras que registran la velocidad de los coches. En España, conocer las listas de espera en los hospitales es una tarea titánica y el sueldo del presentador del telediario de una televisión pública está considerado alto secreto. La diferencia entre el Reino Unido y España es una ley que regula el derecho de acceso a la información.
Junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, España forma parte del reducido grupo de países europeos que carecen de una normativa que abra la puerta a los documentos oficiales. En la UE, 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a facilitar información a cualquier ciudadano (incluso si es periodista).
En España prima la cultura del secretismo, el cerrojazo a los datos oficiales y el apagón informativo. “Existe la arraigada tradición en los poderes públicos de que la información es suya. Y no es suya, es de los ciudadanos. Como el dinero que manejan, que es también de los ciudadanos”, comenta Diego López Garrido, ex portavoz parlamentario socialista y uno de los políticos que con más énfasis defiende la necesidad de promulgar una ley que regule el libre acceso a la información. Convencido de que será “revolucionaria”, resume su esencia: “Las autoridades públicas tienen que tener a disposición de los ciudadanos, y especialmente de los medios de comunicación, toda la información que esté en su poder”. (…)” Rosario G. Gómez – El País.com
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El día 21 de Abril de 2008 Transparencia Internacional, miembro de la Coalición Pro Acceso, presentó el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos. Es una herramienta para medir la transparencia de los Ayuntamientos frente a sus ciudadanos y ahonda en uno de los aspectos esenciales del derecho de acceso a la información pública: lo que se ha venido a llamar la “publicidad o publicación proactiva” que consiste en la obligación de los poderes públicos de que publiquen, a iniciativa propia, información esencial para los ciudadanos no solamente sobre derechos, deberes y servicios sino también sobre su propia actuación y toma de decisiones, sin que sea necesario que el ciudadano la solicite.
El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos se centra en cinco grupos relevantes de información: a) Información sobre la Corporación municipal; b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; c) Transparencia económico-financiera; d) Transparencia en las contrataciones de servicios; e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. Esta información debe encontrarse en las webs de las distintas corporaciones locales para que los ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones y con conocimiento de causa sobre temas de especial relevancia en la vida de nuestros municipios.
Para ver más información sobre el Índice y el proceso de análisis y evaluación que se llevará a cabo, pincha aquí.
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