Por Natalia Fernández de la Asociación de Archiveros de Castilla y León
El acceso a la información pública constituye uno de los pilares de una Administración transparente, eficaz y moderna.
Frente al resto de países de su ámbito, España carece de una ley que regule el acceso a la información pública. En el panorama español pueden encontrarse varias leyes que aluden en su articulado al acceso a la información, pero ninguna que se dedique en exclusiva a ello. La normativa vigente establece derechos y límites, pero lo hace de forma dispersa y confusa, creando confusión tanto en el ciudadano, que no conoce sus derechos, como en el funcionario que custodia los documentos, que no tienen claros sus deberes.
El artículo 105b de la Constitución, declara que la ley regulará el acceso a los ciudadanos a los archivos y registros, y establece como límites la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1979 interpretó dicho precepto como de “carácter programático”, precisando para su plena aplicación una ley de desarrollo, que aún no ha llegado.
La ley de acceso a la información pública habrá de resolver la consulta de los documentos de la Administración atendiendo a varios puntos de vista. Por una parte, el del ciudadano que pretende acceder a la información pública, a la vez que confía en la protección de sus datos personales. Por otra, el del funcionario obligado a proteger los documentos de la Administración, a guardar sigilo y a decidir sobre la accesibilidad.
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