La ley de la transparencia – Soledad Gallego – El País 04-05-08

“(…) En el caso español, el problema no es que tengamos una legislación deficiente o exigua. Simplemente es que no existe. Imposible saber en España qué informes elaboró el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario antes de fichar, precisamente, por la patronal de la construcción. Es una pena, porque la publicidad, rutinaria y continuada, de esos informes hubiera ayudado a despejar ahora cualquier tipo de duda sobre la calidad o intención de su asesoramiento. No es lo mismo que el presidente del Gobierno estuviera escuchando a un colaborador independiente, que a alguien que compartía ya tanto el punto de vista de las empresas del sector que, de un día para otro, consideró conveniente dar un empujón a la puerta y pasar al otro lado.

Exigir transparencia en las distintas administraciones (autonómicas y locales incluidas) no es una manía de periodistas y profesores obsesos, sino una garantía de los ciudadanos contra, entre otras cosas, el excesivo juego de las puertas que giran (un sistema simple y eficaz de recordar lo fácil que es romperse los dedos), y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, incluida la Administración pública y los Gobiernos democráticos. No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?

Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana. (…)” Soledad Gallego – El País.es – 4 de Mayo de 2005

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