Porque tenemos derecho a saber

“Los periodistas británicos saben, hasta el último penique, lo que le cuesta al erario público el uso de los coches oficiales, la compensación pagada a los sospechosos del IRA o la ubicación de las cámaras que registran la velocidad de los coches. En España, conocer las listas de espera en los hospitales es una tarea titánica y el sueldo del presentador del telediario de una televisión pública está considerado alto secreto. La diferencia entre el Reino Unido y España es una ley que regula el derecho de acceso a la información.

Junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, España forma parte del reducido grupo de países europeos que carecen de una normativa que abra la puerta a los documentos oficiales. En la UE, 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a facilitar información a cualquier ciudadano (incluso si es periodista).

En España prima la cultura del secretismo, el cerrojazo a los datos oficiales y el apagón informativo. “Existe la arraigada tradición en los poderes públicos de que la información es suya. Y no es suya, es de los ciudadanos. Como el dinero que manejan, que es también de los ciudadanos”, comenta Diego López Garrido, ex portavoz parlamentario socialista y uno de los políticos que con más énfasis defiende la necesidad de promulgar una ley que regule el libre acceso a la información. Convencido de que será “revolucionaria”, resume su esencia: “Las autoridades públicas tienen que tener a disposición de los ciudadanos, y especialmente de los medios de comunicación, toda la información que esté en su poder”. (…)” Rosario G. Gómez - El País.com

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